- Límites y Ventajas
- Lento Aprendizaje
El “fuero” que se otorga a los legisladores, para no ser objetos de querella alguna durante su encargo –salvo si son sometidos a juicio de procedencia para anular el privilegio y naturalmente condenados-, tiene una razón de ser: la facultad de expresar juicios y tomar acciones con la más amplia libertad y sin tener que limitarse en razón a las posiciones de los demás. Es su derecho como representantes de la comunidad en el ejercicio de la soberanía popular y de allí que se establezca la barrera de la inmunidad para protegerlos y asegurarles el cumplimiento cabal de su misión. Eso se alega, cuando menos.
Pero el fuero no es exclusivo de diputados y senadores sino también se extiende a los titulares de los ejecutivos, el federal, los estatales y en algunas entidades los municipales, bajo el prurito de darle garantías suficientes para el cumplimiento de sus deberes como servidores públicos. La utilidad se evidencia, sobre todo, cuando deben compartir los espacios del poder con quienes militan en otros institutos políticos y enfrentar, en consecuencia, las andanadas críticas y los señalamientos permanentes de sus contrapesos. En una democracia madura, en la que se honrara siempre el debate por encima de los prejuicios sectarios, tal figura sencillamente no cabría.
Retornando al Legislativo es evidente que quienes conforman este poder –cada vez en mayor número de acuerdo al nivel de las concesiones sexenales desde el poder-, están sujetos a otras limitaciones en cuanto a su capacidad de discursar. Por ejemplo, no deben hacer alusiones personales –aunque violenten el precepto con frecuencia-, ni les está reconocido el derecho a impugnar al presidente de la República o a los gobernadores, en el caso de los Congresos locales, durante las comparecencias de éstos –los informes anuales en las sesiones solemnes de apertura-, aun cuando contradigan con ello la esencia misma de sus funciones: parlamentar y hacerlo además en sus sedes.
Los monólogos ya no caben en un sistema plural en el que se pretende, además, acotar a la figura central para extender la participación colectiva. Cuando se anunció al quinto mes de la administración foxista, de manera precipitada como suelen hacer los demagogos, el fin del presidencialismo autoritario, tal anuncio no vino siquiera acompañado de alguna iniciativa para desacralizar la presentación de los informes posibilitando el intercambio de opiniones entre los legisladores y el Ejecutivo. Se adujo entonces, como antes y ahora, que el mandatario no es par de los diputados y senadores lo que, desde luego, anula la pretensión de situar al presidente en un plano de normalidad democrática. Salta a la vista la falacia y la demagogia de los falsos promotores del “cambio” que nunca se dio.
De lo anterior se deducen las razones por las cuales se ha llegado a los escenarios actuales en los que el debate parlamentario se ha convertido en un permanente pleito entre verduleras ansiosas de ganar la atención del marchante aun cuando no emitan sino descalificaciones. Para colmo, los duelos verbales van camino de convertirse en riñas callejeras como a punto estuvo de ocurrir tras la alevosa filípica de Dante Delgado a quien molestó que fuera una senadora panista su replicadora sobre la torpe clausura, fuera de las normas institucionales, del Congreso.
Cabe subrayar, además, que los funcionarios públicos, de cualquier nivel y calado, sólo pueden realizar cuanto les está específicamente ordenado por las leyes. Esto es no tienen facultad alguna para ampliar discrecionalmente sus prerrogativas ni justificar sus excesos aduciendo que con ello defienden los valores nacionales, o el patrimonio general. Tal ha sido siempre pretexto de autócratas que consideran concentrar en ellos a la patria misma… como si ésta no integrara a sus adversarios. El demócrata insiste en intercambiar opiniones ampliando siempre el diálogo, aun en condiciones difíciles, antes de guerrear en las calles descontrolando la vida institucional pero, al mismo tiempo, beneficiándose de la misma a través de las dietas, las prerrogativas y las participaciones “de ley”.
Esto es: los diputados y senadores no cuentan con ningún respaldo jurídico para justificar posturas subversivas o francamente intolerantes. Si una fracción, cualquiera que ésta sea, reclama la representatividad mayoritaria antes debe obtenerla en las urnas. Y si el camino hacia éstas está viciado no puede refugiarse en el gobierno “espurio”, como parte, aduciendo que desconoce sólo a la cabeza.
En la perspectiva de las contradicciones, el fuero también ha caído en despoblado.
Debate
El fuero, desde luego, no es impedimento para procesar a quien lo ostenta si éste comete un delito. Pero tal forzaría, como sabemos, al juicio de procedencia. En México, por la descomposición de una “guerra sucia” entre la derecha y la izquierda, este mecanismos se convirtió en un instrumento político para quienes detentan el poder central. Autoritarismo puro contra la ilusa pretensión del presidencialismo extinto. La parodia montada para defenestra, en abril de 2005, al jefe del gobierno defeño con la intención de anularlo en su escalada hacia la Presidencia –la causa fue tan superficial e inocua que ni siquiera mereció la pena perseguirla tras dictarse el desafuero-, develó la inutilidad de la figura aun cuando ninguno de los miembros de la Legislatura actual haya sido capaz de proponer una iniciativa de ley para optar por un cauce menos infectado. De alguna manera la coraza les viene bien a cuantos pretenden ignorar sus límites bajo el cobijo del poder perentorio.
Hace unos días, el 30 de abril último para ser preciso, el inefable juez español Baltasar Garzón –conocido por sus injerencias sobre las soberanías ajenas en reclamo permanente de los derechos de los españoles con menoscabo de los de cuantos no lo son-, decidió enviar a prisión, sin réplica posible, a la alcaldesa del poblado de Mondragón, en el territorio vasco de Guipúzcoa –al que pertenece la afrancesada San Sebastián, casi limítrofe con la frontera entre España y la nación gala-, Inocencia Galparsoro –es obvio que el nombre de pila le ayudó poco ante el impertérrito juzgador-, bajo cargos de haber colaborado institucionalmente con la banda terrorista ETA.
Inocencia, veterana en la lid partidista, llegó a la Asamblea Nacional en compañía de su abogado, claro, y del presidente de la Asociación Nacionalista Vasca (ANV), Kepa Bereziartua, una organización declarada ilegal por el propio Garzón, y por ende sin capacidad para proponer candidaturas ni presentarse a elecciones, que sigue al frente de algunos municipios de esta región, entre ellos el de Mondragón, en donde los ayuntamientos se niegan, entre otras cosas, a izar el lábaro español al lado de la enseña del País Vasco. Esto es como si la independencia se hubiera consumado… a la manera de Kosovo.
El caso es que las ambigüedades son múltiples. Por una parte, los partidos representados en el Cabildo de la pequeña Mondragón no supieron hacer causa común –ni la edil del Partido Popular que reclama al gobierno socialista por su “debilidad” al haber negociado con ETA-, para obligar a dimitir a la alcaldesa que se negó, abierta y desafiantemente, a emitir declaración alguna sobre el crimen contra un ex consejero del Partido Socialista a manos de etarras cometido en su jurisdicción. Una aberración a todas luces incalificable.
Al final de cuentas, el poder judicial actuó, porque la alcaldesa no tiene fuero que lo impida, sin detenerse en los efectos explosivos de su decisión. Aplicar la ley a rajatabla, esto es sin flexibilidad política alguna, suele traer igualmente consecuencias severas.
El Reto
Otra vez, los extremos se tocan. El exceso de fuero es tan negativo como la vulnerabilidad institucional ante el poder Judicial que dicta sentencias aplicando, no ocas veces, criterios discrecionales. En el caso de Mondragón, la alcaldesa recluida alegó que se procedía contra ella emulando el escenario de la España franquista de 1936: esto es persiguiendo y encarcelando alcaldes disconformes. Un aserto francamente peligroso para la democracia de nuestro tiempo que debe situarse ante el espejo de una sociedad mutante y una realidad siempre bajo interpretación. No cabe el alegato de Inocencia, más bien culposa, porque es inadmisible justificar, así sea con el silencio cómplice, a quienes matan inocentes en aras de un objetivo francamente cuestionable.
En la misma línea podemos situar el dilema del fuero constitucional en México cuando de éste se benefician quienes precisamente incumplen los preceptos fundamentales y se arrogan derechos que ninguna ley les concede, entre ellos la facultad oficiosa, por efecto de la fuerza física de un puñado de legisladores, de clausurar al Congreso de la Unión. Y ello no implica, de modo alguno, que la defensa de los bienes de la nación no sea justa. Lo cuestionable es el procedimiento que desborda las expectativas de la civilidad y pone en riesgo, hacia el futuro cercano, la estabilidad indispensable.
Menos fuero, o ninguno, y más coherencia política. Es lo que parece imperativo en este país nuestro de las simulaciones.
La Anécdota
Cuando pasan los meses los legisladores bisoños comienzan a entender cuáles son sus funciones. Y no son pocos quienes alegan –y lo mismo ha ocurrido en otras Legislaturas–, que cuando comienzan a aprenderlas… les llega a hora del finiquito. Quienes repiten, o saltan de la Cámara Baja a la Alta, o viceversa, sostienen que tal obliga a una reforma en pro de la reelección directa, al estilo anglosajón, para consolidar una “carrera parlamentaria” sin sometimientos a los lapsos perentorios.
Otro cauce sería, desde luego, el planteado por un docto jurisconsulto:
–Si se trata de legislar, y esto de hacer leyes requiere de una carrera universitaria, lo que de verdad sería útil es exigirle a los postulantes a cargos legislativos que, cuando menos, fueran abogados…
Pero tal, claro, anularía el sentido popular de la representación. Y en este debate se ha anclado desde hace ya varios lustros. ¿Quién lo destraba?
Web: www.rafaelloretdemola.com
Foto: Procuraduría Agraria
