Nuevas leyes afectan a inmigrantes indocumentados
Entre las más de 300 leyes de Utah que hoy entraron en vigor, cinco de ellas afectan la vida diaria de los inmigrantes residentes en este estado.
La más importante de estas iniciativas es HB08-171, que modifica las normas vigentes sobre la obtención, renovación y revocación de las llamadas “tarjetas de privilegio de conducir”, o TPC, que se otorgan a aquellas personas que carecen de un número válido de seguro social.
La nueva ley impide que las TPC sean usadas como documento de identidad, es decir, no se las puede presentar para comprar alcohol, armas de fuego o medicamentos. Además, la ley requiere que los portadores de esas tarjetas tengan el seguro adecuado para sus automóviles. Caso contrario, la tarjeta será revocada.
La medida se tomó luego de que un estudio encomendado por el Legislativo de Utah encontrara que un 76% de los casi 35,000 portadores de TPC tienen seguro para sus automóviles frente a 82% de quienes tienen la licencia de conducir tradicional.
En 2005, la legislatura estatal de Utah aprobó la emisión de las tarjetas por razones de seguridad, ya que si una persona indocumentada va a conducir un vehículo debe pasar por un examen de manejo y obtener el seguro adecuado.
Sin embargo, dado que la razón principal para el otorgamiento de las tarjetas es permitir que las personas que las reciban obtengan el correspondiente seguro del automotor, los legisladores consideraron adecuado cancelar las tarjetas de quienes no cumplan con ese requisito.
“Tenemos que informar a nuestra gente que tienen que comprar el seguro o les suspenderán la tarjeta”, comentó hoy a Efe vía telefónica desde Salt Lake City Tony Yapias, presidente del Proyecto Latino de Utah.
“Incluso quienes no tienen automóviles deberían obtener el llamado ’seguro sin vehículo’ para estar cubiertos y evitar que les cancelen las TPC”, agregó.
Otra nueva ley, la HB08-262, requiere que la Oficina de Investigaciones del Legislativo de Utah realice un estudio de cuánto le cuesta a Utah ofrecer servicios a personas indocumentadas y de cuál sería la mejor manera para que el gobierno federal reembolse esos gastos.
La ley requiere que el estudio se complete antes del 1 de noviembre de este año.
Por su parte, la ley HB08-336-S01 crea el Fondo de Servicios para Refugiados, un “fondo especial restringido” que el gobierno de Utah usará para ayudar a los refugiados que lleguen a este estado.
Los recursos para este nuevo programa comunitario y cultural provienen de subsidios federales y de donaciones privadas.
Las otras dos leyes son resoluciones. La resolución SCR08-0005 pide que el Legislativo y el gobernador de Utah instruyan a los congresistas federales de este estado a “aprobar leyes de reforma migratoria efectivas y significativas para mejorar la fuerza laboral de Utah y fortalecer la economía (estatal).
Y SR08-003 indica que el Senado de Utah le pide al Congreso de Estados Unidos que “resuelva la actual crisis de la inmigración ilegal”.
Vía: Orlando Sentinel
